¡VIVA EL REY! ¡MUERA EL MAL GOBIERNO! LOS COMUNEROS NO QUERÍAN UNA REVOLUCIÓN

La noche del 15 de marzo de 1781 no trajo consigo el habitual silencio del Socorro, en el corazón de lo que hoy es Santander. El aire, denso por el olor a tabaco rancio y aguardiente, parecía una mecha corta a punto de estallar. Las manos de Manuela Beltrán temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia vieja que le quemaba el pecho. Cuando el pregonero clavó en la pared el nuevo edicto real, el murmullo de la plaza se convirtió en un silencio sepulcral, un vacío de esos que presagian la tormenta. Subieron las aduanas, se monopolizó la sal, el tabaco, el aguardiente. Nos estaban ahogando. Con un movimiento rápido, violento, Manuela arrancó el papel oficial ante la mirada atónita de los soldados coloniales. “¡No pagaremos! ¡Viva el rey, pero muera el mal gobierno!”, gritó, y esa frase, que hoy suena a paradoja, se convirtió en el rugido de veinte mil almas enardecidas que comenzaron una marcha ciega y feroz hacia las puertas de la mismísima Santa Fe de Bogotá.

El pánico se apoderó de las calles empedradas de la capital. Imagine estar allí, ver a los cincuenta alabarderos de la guardia de honor del virrey —tipos que solo sabían posar elegantes frente a las puertas del palacio— siendo enviados a toda prisa con trescientos soldados mal armados y doscientos fusiles viejos que fallaban con la humedad. Cuando se toparon con la marea humana en Puente Real, el terror los paralizó. Aquello no era un ejército; era un monstruo indomable de machetes, hachas y rostros curtidos por el sol. Sabían que los iban a masacrar. Dieron media vuelta y huyeron, dejando a la capital desprotegida, temblando ante la inminente invasión de lo que las élites criollas llamaban “la muchedumbre enfurecida”. El miedo fue tan real, tan visceral, que las autoridades locales llegaron a suplicar fondos al rey para construir murallas que aislaran a Santa Fe del resto de su propio territorio, diseñando barricadas en las esquinas para evitar que el pueblo tocara el centro del poder.

Para cualquiera que haya pisado estas tierras o haya intentado entender cómo se bate el cobre en la política de América Latina, este pasaje histórico de los Comuneros se siente extrañamente familiar. He visto ese mismo pánico en los ojos de los gobernantes modernos cuando las calles se llenan; esa desconexión absoluta entre el palacio y el campo. Pero aquí viene el verdadero choque, el giro dramático que la historia oficial a menudo nos maquilla: esta gente no quería fundar una república. No buscaban derrocar la corona. No eran los hermanos menores de la Revolución Francesa ni los primos de la Independencia de los Estados Unidos. Su rebelión era, en esencia, profundamente conservadora. Querían que les devolvieran el mundo que les estaban quitando; querían recuperar la vieja administración de los Austrias y frenar en seco el asfixiante modelo absolutista y eficiente que los Borbones, con su mentalidad afrancesada y hambrienta de recursos, les habían impuesto desde el otro lado del Atlántico.

El cambio de dinastía en España a principios del siglo XVIII, tras la muerte sin descendencia de Carlos II, cambió las reglas del juego para siempre. Los Borbones franceses ganaron la guerra de sucesión y trajeron consigo una idea fría y gerencial del Estado. Para ellos, América dejó de ser ese conjunto de provincias lejanas unidas a la figura mística del monarca; pasó a ser, con letras de molde y sin anestesia, una colonia en el sentido más literal de la palabra. Un territorio que debía producir al máximo para financiar las guerras y los lujos de Madrid. Y para garantizar que nadie perdiera el tiempo en paseos o corruptelas locales, crearon la figura del regente visitador. Alguien como Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, el gran villano de esta historia, un burócrata implacable que llegó a Santa Fe con un poder superior al del mismísimo virrey, con la única misión de exprimir cada rincón fiscal.

Subieron la Alcala —ese IVA colonial que se cobraba en las aduanas a la entrada de cada ciudad— del dos por ciento al cinco, al ocho, al diez por ciento. Cada bulto que bajaba de una mula costaba una fortuna. Legalizaron los estancos, prohibiendo que cualquiera pudiera destilar aguardiente o sembrar tabaco por su cuenta. Todo pasó a ser monopolio del rey. E incluso la sal, ese elemento vital que sostiene la economía y la vida diaria del común, fue confiscada bajo control absoluto. La gente del Socorro, de Charalá, de San Gil, no aguantó más. Se levantaron no por ideología, sino por el estómago y el bolsillo.

Cuando los comuneros marcharon y obligaron a las autoridades a sentarse a negociar en Zipaquirá, las cosas empezaron a salirse de las manos de los líderes originales. Los movimientos de masas tienen esa naturaleza volátil: sabes cómo empiezan, pero jamás dónde terminan. En medio del tumulto, surgieron las facciones más radicales. Apareció Ambrosio Pisco, un hombre con linaje indígena a quien la multitud proclamó, entre vítores, como el nuevo monarca de Bogotá y señor de Chía. No pedían una democracia; querían un rey propio, un soberano de la tierra que compitiera con el de España. Y por el otro lado estaba José Antonio Galán, un hombre de acción que no aceptó las promesas vacías del acuerdo de Zipaquirá y llevó la rebelión a los extremos más temidos por la aristocracia, declarando la libertad de los esclavos en las haciendas que tocaba a su paso.

Aquel radicalismo encendió una alarma que duraría décadas. Mientras los criollos ilustrados como Antonio Nariño o el marqués de San Jorge organizaban milicias como la “Compañía de los Caballeros Coraza” supuestamente para defender el orden, lo que realmente hacían era blindarse contra el pueblo llano. Las noticias de la sangrienta revolución de Haití, donde los esclavos habían degollado a sus amos blancos, sazonaban el ambiente con un pánico indescriptible. Los criollos querían reformas, sí; querían más control sobre sus riquezas, por supuesto; pero le tenían un pavor cerval a la masa descontrolada.

Al final, las capitulaciones de Zipaquirá fueron firmadas por las autoridades coloniales con una mano en el corazón y los dedos de la otra cruzados a la espalda. Tan pronto como la muchedumbre se dispersó y regresó a sus campos, confiada en la palabra jurada ante el altar, el gobierno virreinal declaró los acuerdos nulos y sin valor, argumentando que habían sido firmados bajo coacción. A José Antonio Galán lo cazaron, lo ahorcaron y descuartizaron, exponiendo sus miembros en las plazas públicas como un macabro recordatorio de lo que costaba desafiar al sistema.

Mirando hacia el futuro que aguardaba a estas tierras, resulta evidente que la semilla que sembró la rebelión comunera no fue la de la libertad republicana, sino la del miedo de las élites hacia su propio pueblo. Treinta años después, cuando llegó el grito de independencia de 1810, los líderes criollos se cuidaron mucho de no desatar otra vez ese monstruo de veinte mil cabezas. Prefirieron las discusiones de salón, las actas elegantes y las guerras civiles entre caballeros antes que apoyarse de verdad en el indígena, el mestizo o el esclavo. La gran paradoja de nuestra historia es que heredamos las estructuras de control de aquellos Borbones afrancesados: un centralismo asfixiante, una obsesión fiscal por exprimir al productor y una desconfianza eterna hacia las provincias. Aquella vieja proclama de Manuela Beltrán sigue resonando entre las montañas de Santander, recordándonos que, a veces, los pueblos no marchan para cambiar el futuro, sino para defender con uñas y dientes el derecho a que no les roben el pasado.